SISEX - USO

Por la Mejora Continuada del Servicio Exterior

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Usted está aquí: Comunicados Noticias Nacionales

Noticias

Correo Imprimir PDF
Ofrece menos de 2.000 plazas, cuando en 2009 ofertó más de 15.000.

El Gobierno reduce un 87% la oferta de empleo público

Publicado el 30-03-2010 , por M. C. G. / Agencias

El Gobierno ha aprobado este martes 30 de marzo la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2010, que recorta en un 87% el número de las plazas de nuevo ingreso, desde las 15.084 de 2009 a un total de 1.989 este año. La merma en la tasa de reposición ha sido la vía elegida por el Ejecutivo para reducir un 4% el gasto en personal público y contribuir a cumplir los planes de contención de gasto público con un ahorro para las arcas públicas de 280 millones de euros. A esta medida se suman los planes de reestructuración de las empresas públicas, cuyos detalles se harán públicos el 9 de abril.

Según ha señalado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa de la Vega, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, esta reducción supone un recorte del gasto de personal del 4% hasta 2013 y se reduce la tasa de reposición -cobertura de vacantes-, lo que conlleva un ahorro de 280 millones de euros respecto a la oferta de 2009. Con ello, ha señalado la vicepresidenta, se cumple con los criterios de "contención" que inspiran el plan de austeridad en el que se enmarca y respeta el acuerdo alcanzado con los sindicatos de la función pública.

Esta reducción en la oferta de plazas públicas «responde al Plan de Austeridad que pusimos en marcha en el mes de enero», que recoge una reducción del gasto de personal del 4% y limita la tasa de reposición de efectivos al 10%", ha señalado.

Del total de plazas ofertadas, 781 serán de las Administración General del Estado, 222 del Cuerpo Nacional de Policía, 232 de la Guardia Civil y 754 de las Fuerzas Armadas. A estas cifras se suma la oferta de empleo para la Administración de Justicia, que recoge una oferta de 2.030 plazas. El resto están desglosadas como sigue: 548 para funcionarios, 116 para personal laboral, 107 para las entidades públicas empresariales y empresas públicas y 10 para docentes.

De la Vega destacó que esta OEP apuesta "por la austeridad y la promoción interna" a la vez que "salvaguarda" la mejor atención y calidad al servicio de los ciudadanos. Asimismo, continuó De la Vega, la Oferta incluye una "contención" en la contratación temporal y hace una "apuesta por una mayor movilidad" de los efectivos. También incluye por primera vez un turno para las personas con discapacidad intelectual, que, según destacó la vicepresidenta, permitirá que este colectivo "tenga posibilidades reales de incorporarse" al empleo público.

Más plazas en Justicia
A diferencia de lo que ocurre en la Administración General del Estado, la de Justicia tiene una dinámica diferenciada ya que tradicionalmente no se han aplicado criterios de tasa de reposición de efectivos. Además, esta administración se encuentra enmarcada en el Plan de Modernización 2009-2012, informa Servimedia. Respecto a la Administración de Justicia, de las 2.030 plazas que se ofertan 704 son en la Administración Central y 1.326 para las comunidades que tienen transferida esa competencia. En cuanto a la oferta de puestos de trabajo en la Administración General del Estado, se distribuye "prácticamente con exclusividad" entre los sectores determinados como prioritarios. Así, el 50% se destinará a Instituciones Penitenciarias, el 12% a la lucha contra el fraude fiscal, el 9,1% a la investigación, el 8,2% al orden social, también el 8,2% a cuerpos informáticos y el 6,38% a seguridad aérea y meteorológica.

Aparte de estos sectores, el 3,1% de la oferta se destinará al sector exterior y el 2,9% a la Administración Civil. Por su parte, la Oferta para 2010 recoge un total de 660 plazas para promoción interna en 2010, frente a las 1.951 del pasado año. De esta forma, las plazas de promoción suponen un 84,5% del total, porcentaje que duplica al registrado en la Oferta para 2009 (40%).

El 9 de abril, el Plan de Racionalización de las administraciones públicas
De la Vega también ha anunciado que el Plan de Racionalización de las Administraciones Públicas, en el que se contempla entre otras medidas una reducción del volumen de empresas públicas, se aprobará en el Consejo de Ministros del 9 de abril, informa Europa Press.

La ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, había avanzado avanzado en varias ocasiones que "el Gobierno haría el máximo esfuerzo de racionalización" en su propio sector, lo que incluirá "una reducción importante del número de empresas públicas".

"Puede haber empresas con actividades conexas que puedan fusionarse en una única" en un esfuerzo de "concentración", lo que permitiría abrir una vía de ahorro en el seno de la Administración General del Estado, dijo Salgado, quien pidió "el mismo esfuerzo" tanto a las comunidades autónomas como a los ayuntamientos.

http://www.expansion.com/2010/03/30/funcion-publica/1269929024.html

Correo Imprimir PDF

Madrid, 2 mar (EFE).- La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró hoy que el grupo de trabajo que aplicará el plan de reordenación de recursos de la Administración ya está en marcha y que en la última semana de marzo se aprobará el decreto que creará el Observatorio del Empleo Público.En la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, la también ministra de la Presidencia explicó que hay que seguir "racionalizando" las estructuras de la Administración, lo que implica "lograr el ajuste entre su tamaño y los fines que persigue".

La razón que dio es que en "tiempos difíciles" los que trabajan al servicio del interés general "debemos y queremos ser los primeros en dar ejemplo de responsabilidad y de austeridad".

Según afirmó, racionalizar supone adaptar la estructura de la administración y su organización a las exigencias y necesidades actuales del servicio público.
Esto conlleva, precisó, la reducción de altos cargos de la Administración General del Estado y un programa de racionalización del Sector Público Empresarial, que en ambos casos no detalló.

Los objetivos del segundo de los planes es reducir el número de empresas públicas, mediante un proceso de fusiones y concentraciones; el de sus cargos directivos y miembros del consejo de administración; y la revisión de sus retribuciones, dijo.

En este contexto, el Gobierno ha decidido limitar la tasa de reposición de los efectivos en un 10% y disminuir los costes de personal en un 4% hasta 2013, resaltó.

De la Vega también anunció que el próximo 23 de marzo convocará la Mesa General de la Negociación de las Administraciones Públicas para acordar mejoras en materia de carrera profesional y sistema de retribuciones de los empleados públicos, así como la creación de las mesas sectoriales de sanidad, educación, justicia y universidades, tal y como el Gobierno acordó con los sindicatos.

En cuanto a los acuerdos adoptados con los sindicatos, recordó que en septiembre de 2009 el Gobierno firmó con ellos un Acuerdo para la Función Pública que fija una subida salarial del 0,3% para 2010, en un "importante esfuerzo de austeridad y responsabilidad".

Este pacto con los sindicatos, indicó, es la "hoja de ruta" para avanzar en la modernización de la administración, ya que contiene unas cincuenta medidas.

De ellas afirmó que en la "última semana de junio estarán en marcha todas las iniciativas acordadas" y que en septiembre se iniciará la tramitación de la Ley de Función Pública.

Para sacarlas adelante algunas de ellas tendrán "cuerpo de ley, pero siempre deben tener alma de pacto".

Por ello, advirtió de que "no es el momento de la política pequeña, tan atenta a las próximas elecciones que es incapaz de pensar en las próximas generaciones".
Tampoco consideró que sea el momento "de pretender imponer condiciones", si no el de llegar al acuerdo, que "sencillamente es una necesidad y una responsabilidad", estimó. EFE

Correo Imprimir PDF

Tiro al funcionario

JOSÉ CARLOS LLOP - Diario de Mallorca 24-01-2010

No sé qué banco, ni quiero saberlo, ha propuesto que el gobierno baje el sueldo de los funcionarios hasta el índice que tenían en el año 2001. Me parece estupendo. Es más: considero que el banco en cuestión se ha quedado corto. Que ha sido demasiado generoso, vamos. Yo, de paso, les aumentaría las horas de trabajo –creo que doce al día es un buen número– y suprimiría las pagas extraordinarias. Total no van a tener tiempo para gastarlas. Porque de las vacaciones pagadas hay que empezar a despedirse. Rapidito. Es necesario regresar a la época en que no había vacaciones anuales, no sé en qué estarían pensando esos banqueros. Esto, para empezar. Porque después convendría ir tomando otras medidas. Por ejemplo uniformarlos. Si les ponemos un bonito traje a rayas, los tendremos controlados a todas horas. Y si se les ocurre salir a la calle en horario de trabajo, los corremos a gorrazos y los devolvemos a su mesa. Si en el empeño se le va a alguien la mano y hay una nariz rota, pérdida de un ojo, incluso, que sé yo, un muerto, tampoco hay que escandalizarse: sólo son funcionarios. Y todo esto –piénsenlo bien– aliviaría mucho las tensiones que produce la crisis económica. El funcionario es un servidor público y como tal ha de servir para algo. De putching-ball no está mal: al menos, rinde.
Pensándolo mejor: la crisis es de tal magnitud que habría que militarizarlos. A todos. De esta forma no podrían rechistar ante la aplicación de las medidas citadas. Arresto en la oficina y pérdida de sueldo de quince días sería la pena mínima. Luego habrá que ir pensando en traslados forzosos a Lanzarote o Hierro, por ejemplo, que hay muy buen clima, o sea que a no quejarse. No es una sugerencia, es una necesidad imprescindible. Hay que salir de la crisis y está claro que la única medida –la única, subrayo– que va a salvar la economía española es la reducción de los sueldos funcionariales y la movilidad a patadas del funcionario. Que esos sueldos lleven tiempo en la nevera –con un 0´3% de aumento este año– es lo de menos. Hay que bajar las temperaturas: retrotraerlos a la era glacial. En un par de años, todo arreglado.
Cosas parecidas se oyen por ahí. En tiempos de bonanza económica y gran negocio, el funcionario es un desgraciado, un inútil, un parásito que no sirve de nada y ha opositado aspirando a la seguridad de un sueldo fijo, el pobre diablo. No es emprendedor, ni osado, ni enriquece la sociedad que habita: ése es el pensamiento generalizado. Y quien no lo haya oído materializarse en palabras, lo ha visto en la mirada o en el gesto de más de uno. Que el tinglado se aguante gracias a los funcionarios –como se aguanta gracias al resto de la clase media– no importa a la hora de vituperarlos.
Pero en tiempo de crisis, el funcionario pasa a ser un listillo, un gorrón que no se merece lo que tiene. Da igual que mientras duró la bonanza se hiciera befa de su sueldo; ahora resulta que es un buen sueldo: es seguro y eso basta. Por tanto que se les congele ya. Qué digo se les congele: que se les sumerja en la Siberia de los años 30, a ver si aprenden de una vez quien es el que manda aquí. Nadie se pregunta si ya lo están –congelados, quiero decir– que por supuesto lo están; prácticamente y desde hace años. Y eso, lo de jibarizar las cuentas del funcionario, lo dice gente de todo tipo, pero donde más llama la atención es cuando lo dicen profesionales liberales, empresarios y algunos despachos –de banco o no–. O sea, los que siempre declaran a Hacienda todo, absolutamente todo, lo que ganan. Los que cargan gastos personales a su empresa. Los que nunca hacen trampas, ni urden artimañas para evitar al fisco y por eso las arcas del Estado van boyantes, con crisis o sin ella. En fin, mejor callar, ¿no? ¿O hablamos de las ayudas del Estado para tapar agujeros de esos bancos que ahora dan lecciones de cómo hay que tratar al funcionariado? ¿Hablamos de las declaraciones negativas de gente que gana un dineral? ¿Hablamos de beneficios anuales? ¿Hablamos del dinero que no tributa? Porque no es ése el que cobran los funcionarios, precisamente. Que, por cierto, también pagan impuestos y no tienen caja B o cómo se llame a eso ahora, ni cajas fuertes, ni más cajas que las de sus zapatos, en fin.

Nadie ha dicho nunca que la vida sea justa, porque no lo es. Debería serlo y ésa es una noble aspiración humana desde que el tiempo es tiempo. Pero... el funcionario lleva desde la primera Reforma Suárez perdiendo capacidad de gestión y de veto –de observación de la ley– en la Administración, y viendo medrar al nuevo funcionario con carnet de partido. El funcionario lleva años oyendo hablar de la corrupción de los funcionarios públicos para referirse a políticos que jamás han sido funcionarios de carrera. El funcionario tiene que oír de vez en cuando la cantinela de "lo consulté con los técnicos del departamento", cuando nadie consultó nada con esos técnicos. O sea que un desaire más –por decirlo finamente– no es que importe mucho. Que se les congele el sueldo si eso ayuda a combatir la crisis –que no creo–, pero que nadie se ponga medallas a costa de la nómina funcionarial y su vuelta forzosa a los tiempos del cuplé. Sobre todo los que no sólo no hicieron nada para impedir esa crisis, sino que contribuyeron –en la medida que fuera– a provocarla. Aunque ahora se hinchen la boca con sus magníficas –y tan originales– soluciones.

Enviar SISEX.ES

Su cuenta de E-Mail:

Correo de su Amigo:


Suscribirse a Noticias Sixex

:

Notificaciones

Visitas

Usted está aquí: Comunicados Noticias Nacionales